A partir del éxito del film 1985, Enrique Andriotti Romanin, investigador del CONICET y especialista en derechos humanos y procesos judiciales, reflexiona sobre por qué en Argentina fue posible juzgar y condenar a los responsables de crímenes de lesa humanidad.

Enrique Andriotti Romanin es investigador del CONICET y desde hace quince años se dedica a investigar el movimiento de derechos humanos, el Estado y las luchas políticas en la Argentina. Actualmente el grupo de investigación que dirige, “Violencia, Justicia y Derechos Humanos”, estudia cómo el poder judicial impacta en la posibilidad de tratamientos de distintos temas y cómo eso se proyecta más allá del escenario judicial. En sus comienzos estudió los Juicios por la Verdad que se realizaron en Mar del Plata en 2007 y luego continuó con otros juicios de Argentina.

A partir del éxito que tuvo la película 1985, dirigida por Santiago Mitre y nominada a los premios Oscar, el investigador señala que el film es ante todo un producto cinematográfico que representa con rigor los hechos históricos acontecidos en la Argentina. “Es una película más vinculada a un modo de mirar el pasado y en cierto modo cumple todos los ítems de una película que uno querría ver. Hay malos muy malos, hay buenos muy buenos, hay héroes, hay ciertas dificultades y tiene un final que es presentado como feliz. En ese sentido, creo que la película colma un montón de expectativas. Pero, además, tiene otras virtudes como abrir algunas preguntas para las generaciones venideras”, agrega Andriotti Romanin, cuyo lugar de trabajo es el Instituto de Investigaciones sobre Sociedades, Territorios y Culturas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. (ISTeC, UNMdP)

El investigador advierte que contar con este material permite a los jóvenes conocer algunos hechos históricos y resignificarlos. “La vi con personas más jóvenes y para ellos fue un descubrimiento, no podían creer que esto hubiera pasado en Argentina. Y eso es muy interesante, porque tuvimos el juicio más grande de la historia a nivel mundial de condena a perpetradores de crímenes realizados en la misma nación donde se cometieron esos crímenes y hay jóvenes de 30 años que no lo saben. Está bueno preguntarse qué está pasando ahí”, refiere el investigador.

Andriotti Romanin sostiene que la película acierta al plantear la responsabilidad civil en el proceso represivo, es decir cómo aportó la sociedad en diferentes formas y categorías, ya sea por acción, omisión o por participación directa. “Que la película lo plantee puede quedar disponible para que este debate se discuta o se abra en el futuro nuevamente. Es mejor que esta película esté a que no esté. Yo soy muy optimista en este sentido. Creo que igualmente lo que va a definir la capacidad de que se instalen esos debates tiene que ver con las luchas sociales por cómo resolver algunas cuestiones vinculadas al pasado dictatorial que aún existen en nuestro país”, añade el especialista.

Consultado por el impacto positivo del largometraje en los medios y la sociedad el investigador considera que éste se debe, como en el caso de las otras películas argentinas que han ganado Oscars, al hecho de colocar al Poder Judicial como un espacio que debe revisarse. En este caso se plantea el rol que jugó durante la última dictadura cívico militar. Además, muestra la posibilidad de un suceso que no ocurre regularmente en otras partes del mundo, donde los crímenes cometidos por el Estado no han sido juzgados y aún predomina la impunidad.

Andriotti Romanin explica: “Esta película fascina porque muestra la posibilidad de romper con esa impunidad y funciona como un espejo invertido, les muestra a los otros lo que no sucede. Además, lo muestra en un formato agradable, termina bien, en muchos lugares la historia no es igual, donde los crímenes se cometen y perviven en el tiempo. “1985” interpela a las sociedades donde no hubo ni hay posibilidades de juzgamiento y donde el final no terminó bien. En España, por ejemplo, donde la película obtuvo varios galardones, el franquismo cometió crímenes de lesa humanidad y las víctimas llevan más de cuarenta años pidiendo encontrar a sus seres queridos y reclamando justicia”.

Aquí el devenir de los hechos fue diferente y según el investigador este fenómeno pudo suceder por varios aspectos. “En Argentina sí pudimos tener juicios a los dictadores porque hay hombres y mujeres, grupos y organizaciones de Derechos Humanos que llevaron esta causa a todos los contextos, tenemos tradiciones de la política argentina muy vinculadas a la justicia social que coloca a la democracia como un valor indiscutible. Y, además. hubo contextos que generaron las condiciones necesarias para juzgar al poder, porque en el fondo los enjuiciamientos son espacios donde se cristalizan distintos modos de fuerzas”, define el sociólogo

Andriotti Romanin divide al proceso judicial contra los perpetradores de la última dictadura militar argentina en tres ciclos. La película refleja el primero de ellos, que es el Juicio a Las Juntas. Una vez terminado ese juicio en la sentencia se incluye un inciso, el punto 30, que señala que hay que investigar a otros. Esto habilitó a que otros fiscales tomen elementos que surgieron de ese juicio y lleven adelante otras causas. Así, en el período comprendido entre 1983 y 1990 realizaron otros dos juicios más pequeños: uno por apropiación de menores y otro que tuvo que ver con la causa Camps.

Con las nuevas causas el número de imputados creció y también generó resistencias, como los levantamientos militares orientados a detener el juzgamiento a militares. El resultado fue la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos del entonces presidente Carlos Menem.

Así, las normativas establecidas por el mandatario impedían los juzgamientos. Pero se encontraron otros caminos para llegar a la justicia que dio inicio a la segunda etapa: los Juicios por la Verdad. Se trataba de presentaciones judiciales en causas que estaban inmovilizadas en nombre de diferentes argumentos jurídicos, que no buscaban el castigo sino la verdad. Esta etapa comenzó en 1995 con una presentación en la causa ESMA donde un familiar pidió conocer el destino del cuerpo de su hija, este proceso dio inicio a tres grandes juicios en Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata. “Esto desencadenó que los acusados vuelvan a las sedes judiciales, pero también las víctimas. Así se hicieron visibles las responsabilidades civiles y vejaciones que no se habían contemplado”, señala Andriotti Romanin.

El panorama resultaba sumamente complejo según detalla Andriotti Romanin, porque los imputados no querían declarar o lo hacían de manera incorrecta, algunos militares comenzaron a ir presos, pero por períodos muy cortos. Entonces las organizaciones de Derechos Humanos realizaron presentaciones que resultaron en quince causas, “Si bien pueden parecer pocas daban cuenta de algo más profundo ¿Se podía seguir sin mirar lo que sucedió? ¿Tenían validez las leyes que impiden juzgar estos hechos?”, agrega el investigador.

Finalmente, en 2005 la Corte Suprema declaró inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. “Entonces se puede volver a abrir la persecución legal y ahí entramos en la etapa actual y tercer ciclo los Juicios de persecución penal plena ¿Qué se hace ahí? Se recopila todo lo que había en causas previas, personas y delitos y se empieza a hacer la indagación penal. Había causas por desaparecidos, por región, otras causas indagaban en un centro clandestino y otros por subzonas”, recuerda el sociólogo.

Andriotti Romanin advierte que además el enjuiciamiento en la última etapa incorpora una característica que lo hace de avanzada respecto del resto de América Latina y que da cuenta de un cambio en el mundo judicial. Tradicionalmente los juicios buscan pruebas que encajen en un delito para el cual se aplica una pena estipulada. “Hoy se propicia ver qué pensaban las víctimas, qué les pasó, qué sintieron, porque eso tiene muchísimos efectos. Se debe al aprendizaje del mundo judicial. Más allá de las pruebas está bien saber qué sentía esa persona. Con el tiempo se vio que además del castigo puede haber una reparación que tiene que ver con el transmitir memoria, sentimientos, identidades, de reivindicar a las víctimas y es tan importante como el castigo punitivo a los responsables”, cuenta el especialista.

Andriotti Romanin agrega: “Somos el único país que con su propia normativa pudo hacer un juicio y condenar a los responsables. Los juicios continuaron más allá de las coyunturas políticas y es algo que debemos valorar. Los argentinos tenemos fama de creernos los mejores en muchas cosas y esta es una de ellas, pero a veces pasa desapercibida”.

“En Argentina se logró conocer destino de muchos desaparecidos, entender cómo fueron los hechos, se condenaron a los dictadores, se logró que socialmente haya cosas que no pueden volver a ocurrir. La frase NUNCA MÁS que el fiscal Strassera menciona en el juicio y es el cierre de la película es un elemento cultural que ha definido los últimos 40 años del país, que sigue todavía vigente y que es objeto de disputa. Es necesario no permitir la resolución de conflictos políticos a través de la violencia”, concluye Andriotti Romanin.

Fuente: CONICET

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