Luego de un acalorado debate en el Concejo Deliberante, Gualeguaychú se sumó a las localidades argentinas que prohíben el uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta de glifosato y aquellas formulaciones que lo contengan.
Un nuevo paso adelante para quienes se oponen al uso del glifosato en nuestro país. Esta semana, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú ha sancionado la ordenanza que prohíbe el uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta de glifosato. Son numerosos los estudios realizados alrededor del mundo que comprueban que este herbicida es altamente perjudicial para el ambiente y la salud de los seres humanos. Es por ello que su aplicación se encuentra fuertemente cuestionada por gran parte de la ciudadanía en las zonas rurales de nuestro país y los grupos ambientalistas y de vecinos autoconvocados reclaman constantemente por mayores controles y por la prohibición del uso de este agroquímico de alta toxicidad. El uso del glifosato en nuestro país ha permitido a la industria sojera desarrollarse a pasos agigantados expandiendo la frontera agropecuaria a extensas regiones, muchas de estas linderas a poblados, asentamientos e instituciones educativas y de salud del ámbito rural.
Es por ello que la ordenanza aprobada en Gualeguaychú representa un triunfo para el ambientalismo y la lucha contra el glifosato en Argentina, lucha desigual llevada adelante principalmente por vecinos y vecinas de a pie que deben enfrentar intereses económicos y políticos de poderosos grupos asociados a la producción agropecuaria. La lucha en Gualeguaychú lleva años. Con un trabajo constante, quienes la iniciaron fueron sumando apoyo popular organizando marchas y encuentros. Todo ese esfuerzo de lucha tuvo su exitosa culminación el pasado 16 de abril con una convocatoria popular a apoyar la ordenanza en tratamiento para la prohibición del glifosato. El recinto de sesiones estuvo colmado de vecinos y vecinas y la ordenanza fue aprobada por mayoría, con solo tres votos negativos de los concejales del PRO, quienes argumentaron entre otras cosas que se trata de una medida que busca “prohibir por prohibir” y representa un duro golpe para el agro ya que no contempla una alternativa para la fumigación que reemplace al controvertido agrotóxico.
La aprobación de la ordenanza cuenta con sólidos argumentos que fueron presentados como considerandos junto con el proyecto para su tratamiento, entre los que se destacan que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud, confirmó la vinculación entre el herbicida glifosato y el cáncer, incluyéndose en el Grupo 2A de principios activos que se “clasifican como probables carcinógenos para los seres humanos”. En un informe la IARC afirmó que el herbicida causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas, teniendo esto relación directa con el cáncer y malformaciones, y detalló que se detectó glifosato en agua, en alimentos, en sangre y orina de humanos y que “la reciente clasificación de la IARC-OMS es consecuencia de la creciente evidencia científica generada por diversos investigadores independientes”.
A pesar del triunfo, la lucha parece no tener fin. Representantes de la Federación Agraria de la Sociedad Rural Argentina y de la Sociedad Rural Gualeguaychú expresaron que la normativa aprobada por el Concejo Deliberante de Gualeguaychú es inconstitucional y adelantaron que se encuentran trabajando con sus asesores legales para decidir los pasos a seguir y evalúan presentar posibles recursos de amparo. Mientras tanto, el pueblo de Gualeguaychú festeja, pues más allá de los cuestionamientos y preocupaciones de los sectores del agro, la principal preocupación debe ser la salud. De aquí en más la tarea consistirá en hallar la forma de armonizar la producción con el bienestar y la salud, pues no se puede concebir una actividad productiva que ponga en juego la vida de la ciudadanía.
Abel Sberna
