La asociación Amnistía Internacional Argentina destacó la decisión adoptada por la Legislatura de Tierra del Fuego de exigirle al Gobierno fueguino que garantice el cumplimiento de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la ciudad de Río Grande.
El conflicto deriva de la medida instrumentada por la totalidad de los médicos del servicio de ginecología del Hospital Regional de Río Grande, quienes se declararon “objetores de conciencia” y por lo tanto no practican la IVE en ese establecimiento.
Una delegación de Amnistía Internacional viajó en junio a la provincia para realizar jornadas de concientización y para requerirle a la gestión del gobernador Gustavo Melella que garantizara el cumplimiento de la ley.
A raíz de ello, la Legislatura aprobó por unanimidad en la sesión del 12 de julio una resolución que exige al Ejecutivo la aplicación efectiva de la norma.
“La Legislatura le pidió al Ejecutivo que garantice el aborto en el Hospital de Río Grande. Aunque es ley, dicha institución, que está en la ciudad más poblada de la provincia, no lo hace por la objeción de conciencia”, recordó Amnistía a través de un comunicado divulgado en redes sociales.
Además, la entidad destacó que se haya reclamado al gobierno provincial la divulgación “con información clara” del contenido de la norma vigente, a través de “carteles y folletos en todos los centros de salud y mediante campañas masivas de difusión”.
El Poder Legislativo fueguino “se hizo eco del reclamo por el derecho al aborto en Tierra del Fuego que, junto a (organizaciones feministas como) La Hoguera, Peste Rosa y la regional sobre la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito venimos dirigiendo al Ministerio de Salud provincial desde 2021″, señaló Amnistía.
“Seguimos esperando respuesta al reclamo administrativo que presentamos al Ejecutivo de Tierra del Fuego hace más de un mes. El aborto es un derecho humano. Para todas. En todo el país. Nunca vamos a dejar de defenderlo”, concluyó el comunicado.
El texto aprobado por la unanimidad de la Cámara legislativa provincial solicitó al Ministerio de Salud “garantizar la campaña de comunicación para dar a conocer los alcances de la normativa nacional”.
En los fundamentos de la resolución se indicó que en Río Grande, la interrupción voluntaria del embarazo se ve imposibilitada “dada la negativa de algunos profesionales de la salud en ampararse en la objeción de conciencia establecida en la norma”.
En este punto, se argumentó que aunque los médicos cuentan “con la infraestructura necesaria, persisten obstáculos que impiden el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo”.
Los legisladores admitieron que esta situación ha llevado a mujeres con 12 semanas de gestación a ser derivadas a otros lugares, básicamente a la ciudad de Ushuaia, para poder realizarse la práctica que la ley garantiza.
“La objeción de conciencia, reconocida por la ley, permite los profesionales abstenerse de realizar un aborto por razones religiosas o personales. No obstante, esto no exime al Estado de su responsabilidad de garantizar el acceso al aborto en el marco legal establecido”, puntualizó el documento aprobado en sesión ordinaria.
