La Cámara Penal de Trelew ratificó este martes la condena contra Fabián García, quien taló más de 140 hectáreas de bosque nativo y abrió un camino ilegal a través de una colonia de pingüinos de Magallanes en Punta Tombo. El fallo confirmó lo que ya había determinado el tribunal de primera instancia en octubre de 2023: tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación absoluta, por el doble de tiempo, para ejercer cargos públicos.
El caso —conocido como la “causa pingüinos“— sacudió a la opinión pública en noviembre de 2021, cuando salió a la luz el daño ambiental provocado por la apertura de un camino sin autorización. La destrucción alcanzó parte del hábitat de una de las colonias de pingüinos más importantes del mundo. Más de 200 nidos quedaron aplastados, cientos de ejemplares murieron y otros tantos huyeron de la zona.
García, que había comprado un campo lindero a la reserva, decidió abrir un camino por su cuenta, cruzando zonas de nidificación sin permisos, sin estudios de impacto ambiental y en plena etapa reproductiva de las aves. Lo hizo con topadoras.
Una causa que marcó un precedente
Los jueces de Cámara —Marcelo Nieto Di Biase, Miguel Caviglia y Fabio Monti— revisaron el caso y ratificaron que la resolución de primera instancia se ajustó a derecho. La defensa de García había pedido la nulidad del juicio, su sobreseimiento y la declaración de inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley de Bosques Nativos. El tribunal rechazó todos los planteos.
Los jueces Jorge Novarino, Fabio Monti y Mirta Moreno lo habían encontrado penalmente responsable por violar varias normas ambientales, entre ellas el artículo 56 de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos.
En un contexto donde la justicia ambiental pocas veces logra avanzar con claridad, este fallo representa una señal contundente. Porque no se trató de un mero trámite administrativo: fue un ataque directo contra la fauna protegida, el ambiente y el patrimonio natural de toda una región.
Un caso que duele, pero enseña
Desde el primer informe que reveló la destrucción, distintas organizaciones —como Fundación Patagonia Natural y la Red de Observadores de Aves— y vecinos de la zona siguieron de cerca el proceso judicial. El daño fue enorme. Las imágenes de nidos aplastados, pingüinos muertos y huellas de maquinaria pesada sobre el suelo siguen marcadas en la memoria colectiva como prueba de una irresponsabilidad que no puede repetirse.
Punta Tombo es uno de los sitios de mayor valor biológico y turístico de la Patagonia. Cada año, más de un millón de pingüinos de Magallanes regresan a estas costas para anidar, reproducirse y completar su ciclo de vida. Alterar ese equilibrio significa dañar todo un sistema interconectado.
Conservar no es opción, es obligación
El caso de Punta Tombo nos recuerda que la biodiversidad no es una idea abstracta: es un entramado vital que depende, en gran medida, de nuestras decisiones. Las leyes existen, pero necesitan voluntad política y justicia activa para funcionar.
Esta causa también puso en evidencia la urgencia de reforzar la educación ambiental, proteger los territorios sensibles y escuchar a quienes —desde hace años— advierten sobre los riesgos de avanzar sin planificación sobre zonas de alto valor ecológico.
La confirmación de la sentencia, aunque simbólica en términos penales, tiene un valor enorme en lo social: no todo vale por una hectárea más. No se puede arrasar la naturaleza sin consecuencias.
Y quizás ahí resida la principal enseñanza: conservar no es un favor. Es una responsabilidad colectiva. Porque donde una topadora arrasó, ahora tiene que haber memoria, reparación y compromiso.
Foto de portada: Laura Reyes – Pablo Borboroglu
