La escena se repite tres veces por semana, desde hace tres años. Primero cruza un portón amarillo, saluda al guardia de la entrada. Luego pasa a un cuarto en el que debe esperar algunos minutos; el paso siguiente es el control obligatorio de seguridad. Mochila, celular, despojarse de lo innecesario y finalmente encaminarse al pasillo.
Primero una reja, después otra y llega a su destino. Un espacio de mentes libres dentro de una institución absolutamente cerrada. Se abre un aula y, con ella, un sinfín de opotunidades para los que eligen estar allí.
Alfredo es un joven profesor en la carrera de Comunicación Social del CENT 35 de Río Grande y da clases en la sede de la Unidad Penitenciaria Nº1. Alfredo le da libertad a los privados de ella.
Llegó a Río Grande como tantos otros, persiguiendo sueños y escapando de la vorágine de la gran ciudad. Se intaló con su título y su experiencia debajo del brazo. Y vive con su amor inseparable, su perra –puro perra– Poeque.
Hay una cosa muy coherente en el discurso de “el profe”: cree profundamente en que la educación brinda oportunidades, herramientas irremplazables para aquel que tiene ganas de convertirse en una versión de sí mismo, para ese que espera que el tiempo que deba invertir en pagar su deuda con la sociedad, sirva para volver a la vida con un plan útil.
La Educación en Contextos de Privación de Libertad es la modalidad del sistema educativo destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad, para promover su formación integral y desarrollo pleno. El ejercicio de este derecho no admite limitación ni discriminación alguna vinculada a la situación de encierro, y será puesto en conocimiento de todas las personas privadas de libertad, en forma fehaciente, desde el momento de su ingreso a la institución.
Son objetivos de esta modalidad:
- Garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a todas las personas privadas de libertad dentro de las instituciones de encierro o fuera de ellas cuando las condiciones de detención lo permitieran;
- Ofrecer formación técnico profesional, en todos los niveles y modalidades, a las personas privadas de libertad;
- Favorecer el acceso y permanencia en la Educación Superior y un sistema gratuito de educación a distancia;
- Asegurar alternativas de educación no formal y apoyar las iniciativas educativas que formulen las personas privadas de libertad;
- Desarrollar propuestas destinadas a estimular la creación artística y la participación en diferentes manifestaciones culturales, así como en actividades de educación física y deportiva;
- Brindar información permanente sobre las ofertas educativas y culturales existentes;
- Contribuir a la inclusión social de las personas privadas de libertad a través del acceso al sistema educativo y a la vida cultural;
La puerta se abre sin necesidad de tocar el timbre y, a pesar de la advertencia para el visitante, la perra salta emocionada. La mesa llena de papeles y la computadora abierta dibujan el escenario de un docente que no deja de estudiar. El mate está listo.
Cuenta, con un renovado entusiasmo, la idea que lo llevó a trabajar como docente: “poder trabajar junto con los estudiantes, analizar críticamente los medios de comunicación, debatir o hacerlos hablar a los chicos sobre eso, ya me parecía un punto importante”.
En 2014 se encontró con la posibilidad de empezar a dar clases en la carrera de Técnico en Comunicación Social del CENT 35, con la particularidad de hacerlo en la sede de “contexto de encierro”, nada más y nada menos que en la unidad penitenciaria de la zona norte de la provincia.
“El proyecto de educación en contexto de encierro me parece fundamental si uno quiere pensar en una sociedad justa, me parece que es clave. Estás con estudiantes que pueden haberse equivocado, pueden haber cometido un delito, pero que ya están ahí, ya están pagando sus cuentas y hay que hacer lo posible desde todos los sectores que componen la sociedad para que, cuando esa persona salga, pueda adaptarse lo mejor posible a la sociedad. Cada uno aporta su granito de arena”.
Para asegurar la educación de todas las personas privadas de libertad, el Ministerio de Educación acordará y coordinará acciones, estrategias y mecanismos necesarios con las autoridades nacionales y provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con institutos de educación superior y con universidades. Corresponde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus equivalentes provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a los organismos responsables de las instituciones en que se encuentran niños/as y adolescentes privados de libertad, adoptar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo establecido por el Capítulo 12 de la Ley de educación Nacional 26.206.
Alfredo Isasmendi Preti nació en Lobos, en la provincia de Buenos Aires. Se formó en la Universidad de Buenos Aires y sigue especializándose hoy. Actualmente es docente en el CENT 35 y docente investigador en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Hoy cumple 37 años.
“Entré con más expectativa y algo de prejuicio, pero intentando tener la mente siempre abierta, intenté hacerlo de esa forma también porque era mi trabajo y lo necesitaba y además tampoco coincido con la mirada de algunos sectores de la sociedad que creen que porque una persona está presa no merece nada, ni educación”.
Cuenta, todavía con algo de asombro, que una de las cosas que más le sorprendió fue encontrarse con muchas personas menores que él. En aquel entonces solo tenía 33 años.
La educación es un derecho que no está vedado para ninguna persona que esté en contexto de encierro, se le veda el derecho a la circulación por el delito que haya cometido, se lo pone en una institución de encierro para transformar a esa persona en un sujeto productivo para la sociedad contemporánea.
“No tardé mucho en relajarme, a medida que se iban desarrollando las clases incluso se convirtió en muy interesante trabajar con ellos. El hecho de comenzar una carrera de educación superior también implica un ‘no quiero equivocarme’”.
En el año 2000 se abrió, dentro del área de Educación de Jóvenes y Adultos, una nueva línea de trabajo denominada Educación en Establecimientos Penitenciarios, cuya primera acción fue la firma de un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación, a fin de que la educación en las cárceles federales se traspasara de los agentes penitenciarios a docentes de los sistemas educativos provinciales. Durante esta etapa, se trabajó para instalar la falta de atención educativa en las cárceles como un problema educativo relacionado con la exclusión de una población poco visible y carente de posibilidad de demanda.
En 2003 se creó el Programa Nacional de Educación en Establecimientos Penitenciarios y de Minoridad, con la finalidad de instalar el tema de la educación para las personas privadas de libertad en las agendas políticas nacionales, provinciales e internacionales, otorgando visibilidad al problema. En 2005 se adoptó la nueva denominación: Programa Nacional Educación en Contextos de Encierro. En 2006 la Ley de Educación Nacional 26.206 incorporó la atención de las personas en contextos de privación de libertad como una modalidad del sistema educativo.
“Tengo que seguir pensando y, sobre todo, me tengo que seguir informando. Si vos me preguntás a mí si la educación sirve para una persona que está detenida y condenada por delitos sexuales, la verdad, no sé. Ahora, para la persona que nació en la pobreza, con una familia destruida, desarticulada, lazos sociales rotos, esa persona tarda poco en entrar en la delincuencia, a ese sí le sirve, es una herramienta poderosa”.
Según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep), publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el 54% de los presos de todo el país (unos 34.000) no participan de ningún programa educativo dentro de las cárceles. En los penales que dependen del Servicio Penitenciario Federal, ese porcentaje es de apenas el 14% (unos 1300 presos).
Un 18% de los presos cursa estudios correspondientes a la escuela primaria, mientras que un 15% cursa el nivel correspondiente al secundario. En tanto apenas unos 1600 presos (2,5%) cursan carreras universitarias o terciarias. En el Servicio Penitenciario Federal, el porcentaje para esta última categoría es de 7,4% (unos 700 presos).
En tanto, un 68,64% de los presos ingresaron a la cárcel con el nivel educativo primario completo. Un 22,9% tenía el secundario completo al momento de ser detenido. En tanto sólo un 2,2% había cursado el ciclo terciario o universitario.
“La cárcel es parte de la sociedad, pero la misma sociedad la aparta, la invisibiliza. Se lucha por la educación, cosa que está bien, pero intentar trabajar por las personas que están ahí adentro, a veces es muy dificil”.
“Creo fervientemente que esas personas no sólo están ahí por haber cometido delitos, están ahí porque se han alejado de la eduación formal desde el vamos. Cuando en la escuela no encontrás nada y llegás a tu casa y nadie te pregunta cómo te fue, ahí ya hay un quiebre”.
“A veces el mismo sistema educativo te expulsa de alguna forma y sin familia o amigos que te apoyen es complicado, incluso muchas veces son las propias familias o amigos los que atentan contra la educación”.
A Alfredo le cambia el tono de voz cada vez que habla de su trabajo. Se entusiasma. Trabaja. Tiene un objetivo. Dar. Dar todo lo que sabe. Y sabe. Sabe que puede poner en las manos de sus alumnos una herramienta que nunca nadie le podrá quitar.
La educación formal es un camino no solo válido sino necesario. Las cárceles en Argentina se constituyeron como espacios absolutamente alejados de la reinserción social. Pero está Alfredo y varias decenas de docentes en todo el país, con otro deseo en la mente: educar.
Tan simple. Tan necesario.
María Fernanda Rossi
