“Escriben los Protagonistas” es un espacio de opinión para los protagonistas de la política local.
“La Pandemia, la Psicosis y el Estado (Atenas, Esparta y la Isla burocrática)“, por Guillermo Aramburu, abogado, ex Ministro Jefe de Gabinete Provincial, ex Ministro de Gobierno de Tierra del Fuego y ex Presidente del Consejo Económico y Social de la provincia.
Todos vivimos con angustia los últimos acontecimientos a partir del COVID-19.
Estamos absortos, preocupados por las potenciales consecuencias inmediatas en la salud y (no tan) mediatas en la economía, tanto individual como colectiva.
Vivimos el encierro con hastío y quizás, esta mezcla de pánico y confinamiento obligatorio, exacerba los reclamos al extremo de tornarlos ciertamente inverosímiles.
Y a veces lo esencial termina siendo invisible pues, en el afán de procurar “soluciones” inminentes (propias de un cándido realismo mágico), no contemplamos la necesidad de respuesta a situaciones reales, plausibles, tangibles y, peor aún, impostergables.
Una muestra de ello fue la última reacción (visceral e irrisoria) de gran parte de los riograndenses “oponiéndose” al unísono desde sus casas y en algunos casos manifestándose en las calles (en clara infracción del distanciamiento social obligatorio), a que el aeropuerto local vuelva a operar como si con ello se evitara la propagación del virus.
Esto es, sin tener en cuenta –en el afán del espasmo cuasi tribal– que, por un lado, la comunicación aérea debería ser indiscutible para una Provincia insular y, por el otro, que el coronavirus no dejaría de expandirse por la simple oposición masiva y altisonante.
De hecho, en un giro irónico del destino, el contagio comunitario en nuestra ciudad terminó ocurriendo producto de acelerar -casualmente- los actos preparatorios para evitarlo.
Por el contrario, en las actividades donde sí deberíamos estar preocupados los ciudadanos y ocupados los funcionarios, pasan desapercibidas de la opinión pública y de los medios de difusión.
Y tal es el caso de los controles sanitarios en los pasos fronterizos y el puerto de Ushuaia, lugares -por cierto- que ofician de puntos álgidos de ingreso y egreso de personas (al fin y al cabo los vehículos de transporte no son autómatas, alguien los conduce) y tráfico incesante de productos, insumos y mercaderías provenientes de los extremos más remotos de un mundo globalizado.
Vale aclarar que la normativa que obliga a esta fiscalización no es ni novedosa ni contemporánea con la pandemia pues, la responsabilidad por control sanitario en aquellos nodos, data del año 2014 (Disposición Nº 96/2014) modificada en el 2016 (Disposición Nº 74-E/2016), fecha -esta última- desde la cual se está batallando judicialmente para obligar a su cumplimiento al puerto capitalino a pesar del propio reconocimiento del ente autárquico (DPP Nº 172/15) y los sendos requerimientos que -a tal efecto- fueron realizados por organismos científicos (CADIC-CONICET ACTA Nº 154/17) cuya observación académica resulta inobjetable.
Ello sin dejar de mencionar que el Puerto de Ushuaia -a su turno- procura ser el portal de entrada al Continente Antártico, cuya asepsia es una obligación dimanada del derecho internacional de conformidad al Tratado homónimo respecto del cual la República Argentina es signataria original.-
Como si lo hasta aquí no fuera suficiente, bastará con repararse en la insistencia que -al respecto, en el marco de la crisis epidemiológica y específicamente sobre los ingresos internacionales- ha exhortado recientemente el Ministerio de Transporte de la Nación a todas las provincias ( Resolución N° 60/2020) de la cual -los puntos de acceso a Tierra del Fuego- lejos de estar exentos de su alcance, resultan ser los únicos del país donde, no ya los insumos extranjeros sino los propios productos nacionales para el abastecimiento local, poseen un circuito de “importación/exportación” del continente por nuestra particular geografía insular y limítrofe.
En contraposición, a nivel comunal, tanto Río Grande como Ushuaia han llevado a cabo ingentes esfuerzos para garantizar la salubridad de sus respectivos vecinos desinfectando espacios públicos y medios de transporte urbanos, lo cual se aprecia a simple vista.
Sin embargo y a pesar de estas diligencias municipales, se advierte la ausencia de control real in itinere a cargo de los organismos provinciales siendo que, ambas ciudades solo se vinculan por una única vía de comunicación terrestre, lo cual facilita la actividad de una verdadera (e infranqueable) barrera sanitaria si así se ejecutara.
O sea, sabemos donde empieza la necesidad pero nadie termina de definir la desdibujada línea de la responsabilidad.
Y un Estado elefantiásico inexorablemente conspira contra si mismo, en desmedro de sus habitantes.
Desde la óptica de la ciudadanía poco debería importar la batalla entre las Polis y la administración central, pues -en definitiva- todos somos fueguinos y contribuyentes, aunque la falta de coordinación institucional a cargo de esta última (Provincia) termina siendo el principal vehiculizador de la propagación de lo que -paradójicamente- se intenta combatir por separado a pesar de enfrentar un enemigo común y estar destinada a proteger al mismo colectivo social.
Lógicamente es más loable y válida la crítica constructiva por el “hacer” (habida cuenta que toda política pública es perfectible) que por el “no hacer” (sinónimo de la nada misma).
Claro que existe un arduo debate -desde la propia génesis del Estado Provincial- en cuanto a la distribución presupuestaria de las jurisdicciones por la asunción de costos en la prestación de servicios públicos superpuestos, los alcances de la coparticipación secundaria nacional y primaria provincial, pero este conflicto excede al análisis de lo aquí abordado y, además, no resulta oportuno cuando -a juzgar de lo que eventualmente quede en el camino- puede que sea solo para discutir como se reparte la miseria.
Guillermo Aramburu
