Uno de los reclamos de las organizaciones feministas hacia el Poder Judicial es la incorporación de perspectiva de género durante sus procesos. Este poder que reviste características monárquicas tiene la enorme responsabilidad de juzgar a la sociedad. Sociedad que muta y evoluciona, en general mucho más rápido que el Poder Judicial, por lo que éste deriva en una estructura anacrónica que perpetúa esquemas antagónicos a los preceptos a los que dice responder, como los establecidos por el sistema héteropatriarcal.
En la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados -presidida por Pablo Tonelli, del PRO- comenzó a discutirse la reforma del Consejo de la Magistratura. En el marco de ese debate se incorporó la paridad de género en la composición del organismo encargado de seleccionar y remover jueces y juezas.
Carla Carrizo, del espacio Evolución-UCR dijo al diario La Nación: “En la base de la pirámide judicial más del 50% son mujeres, pero menos de un tercio llegan a ocupar cargos de relevancia. En una estructura de jueces de primera instancia, jueces de cámara y demás cargos, estamos en la base, pero no estamos en la cúspide. La estructura está fuera de clima de época. Queremos más juezas”.
Está más que claro que la presencia femenina en los diferentes organismos estatales no garantiza la perspectiva de género. Pero la primera batalla que tiene que ganar el feminismo es la de garantizar la distribución de poder de forma equitativa; después habrá que discutir el resto. Esta fue una conquista de las mujeres en el Congreso Nacional, cuando el año pasado sancionaron la paridad de género.
¿Qué sucede en la estructura judicial de la Provincia? Lo mismo que en el resto del país. La base completa de empleados y empleadas judiciales está compuesta por 641 agentes a la fecha. El 51% son hombres, mientras que el 49% mujeres. Prima facie, tenemos paridad de género. Pero cuando empezamos a desglosar quiénes ocupan los cargos de mayor jerarquía la cosa cambia. Y mucho.
Hay 34 jueces y juezas de la Provincia, contando desde quienes integran el Superior Tribunal de Justicia hasta los Juzgados Correccionales, incluyendo Tribunales de Juicio y ambas salas de la Cámara de Apelaciones. El 79% de esos puestos están a cargo de hombres. La sensación es que la ley de cupo -que regula sólo al Poder Legislativo- contagió de alguna manera al Poder Judicial, y en este caso, también, se convirtió en un techo.
Del Superior Tribunal de Justicia dependen 5 secretarías: tres de éstas están comandadas por hombres. De la Secretaría de Superintendencia y Administración dependen 17 áreas jerárquicas. El 64% de estos espacios están ocupados por hombres. ¿El Jefe de Fiscales? Hombre ¿El Defensor ante el STJ? Hombre. Todos los datos se desprenden del sitio web de la justicia fueguina.
El dato más alarmante es el que surge del Consejo de la Magistratura, el organismo que tiene la misión de seleccionar y remover a los magistrados, que está integrado por 7 miembros con voz y voto. La única presencia femenina dentro del cuerpo es la Presidenta, Dra. María del Carmen Battaini. Vale la pena recordar que esto fue casi de casualidad, ya que en un principio fue el Dr. Gonzalo Sagastume quien había sido elegido para ocupar ese lugar, pero luego renunció -sin que trascendieran los motivos- a tal designación.
Durante 2015 hice el mismo relevamiento y al formular el planteo dentro del Poder Judicial la contestación fue que al haber tantas mujeres en los puestos más bajos, tarde o temprano, no sólo se alcanzaría la paridad en la distribución de cargos, sino que serían más las mujeres ocupando lugares de decisión, por simple decantación. Pasaron tres años. La cosa sigue igual. Será que, como dijeron organismos internacionales como la ONU, tienen que pasar 105 años para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres, si el Estado no toma medidas de acción positiva que fomenten esta redistribución de poder. Lo que es evidente es que, sin paridad de género, NUNCA Será Justicia.
Luz Scarpati
