El Ministerio de Trabajo dispuso seis ceses de tareas durante los controles en el yacimiento operado por Newmont. Denunciaron graves fallas de seguridad y obstáculos para el ingreso de los inspectores, que finalmente accedieron con una orden judicial.
Lo que comenzó como un operativo para revisar las condiciones laborales y de seguridad en Cerro Negro terminó con seis ceses de tareas, vehículos retenidos y una orden judicial para que los inspectores provinciales pudieran ingresar al yacimiento operado por Newmont.
Y las inspecciones todavía continúan.
Como consignó Canal 2 de Caleta Olivia, el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, aseguró que los equipos provinciales encontraron condiciones “altamente deficientes” y situaciones con “potencial riesgo para la seguridad y la vida de los trabajadores”.
Entre las irregularidades detectadas, el funcionario confirmó además un derrame de cianuro dentro del complejo minero. “Efectivamente, hemos encontrado esa situación aquí, y otras también de gravedad”, respondió Aravena al ser consultado por el medio.
Los controles alcanzaron distintos sectores de la operación e incluyeron aspectos vinculados con seguridad e higiene, condiciones laborales, transporte y habilitación de vehículos, además del cumplimiento de la Ley 3141, conocida como 90/10.
Seis sectores con cese de tareas
A medida que avanzaron las inspecciones, Trabajo comenzó a disponer las primeras medidas. “Hemos dictado seis ceses de tareas por medidas gravísimas contra la seguridad de los trabajadores y hemos labrado un sinfín de infracciones”, sostuvo Aravena.
Uno de los ceses alcanzó un sector bajo mina, un área sobre la que el funcionario puso especial atención por los riesgos propios de la actividad y los antecedentes registrados en la minería santacruceña. “Aquí hubo una tragedia donde dos santacruceños perdieron la vida, y nosotros eso no lo queremos permitir. No lo vamos a permitir”, afirmó.
Las inspecciones también alcanzaron a los vehículos utilizados dentro de la operación. Según explicó el secretario, algunos no contaban con las habilitaciones correspondientes o presentaban condiciones que impedían su circulación.
Aravena mencionó particularmente un camión destinado al transporte de combustible que, de acuerdo con lo constatado durante el operativo, no cumplía con la reglamentación y las medidas de seguridad exigidas. “Un camión que transporta combustible sin la reglamentación correspondiente, sin medidas de seguridad. La verdad, es gravísimo algunas situaciones que se dan acá”, señaló.
Una orden judicial para poder ingresar
El operativo sumó otro capítulo cuando los funcionarios provinciales intentaron continuar con los controles desde el acceso ubicado sobre la Ruta 39.
Según relató Aravena a Canal 2, personal de Newmont habría cerrado los portones con candados e impedido el ingreso de los inspectores. Ante esa situación, la Provincia solicitó la intervención de la Policía y recurrió a la Justicia para poder continuar con el procedimiento. “Tuvimos que solicitar a la fuerza policial, a través del ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, para que concurriera al yacimiento”, explicó.
Finalmente, una orden judicial permitió abrir el acceso.
“Se procedió a la rotura de los candados por orden del juez y, en este momento, estamos ingresando con una comitiva policial importante”, relató durante el operativo. Aravena denunció además que 12 efectivos policiales habrían sido retenidos dentro del yacimiento, impidiéndoles salir del complejo.
“En algún caso, 12 funcionarios policiales han sido retenidos por parte de Newmont para impedirles la circulación, la salida del yacimiento”, afirmó. Hasta el momento, esa situación fue denunciada públicamente por el funcionario provincial y no se conoció una versión de la empresa sobre lo ocurrido.
No descartan una clausura
Por ahora, las medidas alcanzan sectores específicos de Cerro Negro. Sin embargo, el Gobierno provincial dejó abierta la posibilidad de disponer una clausura de mayor alcance si las inspecciones encuentran nuevas irregularidades.
Consultado expresamente sobre esa posibilidad, Aravena aclaró que todavía no existe una decisión tomada. “Es una evaluación que vamos a hacer en el momento oportuno”, respondió. Y agregó que una clausura “podría llegar a hacerse en la medida que avancemos en las inspecciones”.
Los cuestionamientos oficiales sobre las condiciones de la operación no comenzaron con este procedimiento. Meses atrás, inspecciones provinciales ya habían detectado irregularidades en Cerro Negro y requerido medidas correctivas a la operadora.
El operativo de esta semana, sin embargo, derivó en seis ceses de tareas y nuevas actuaciones por las condiciones encontradas. Aravena puso el foco en las alrededor de 1.200 personas que trabajan en el yacimiento y sostuvo que la prioridad de los controles debe ser garantizar que puedan regresar a sus hogares en condiciones seguras.
“Acá hay 1.200 personas que trabajan, donde sus familias anhelan que vuelvan sanos y salvos”, señaló. Y resumió la postura con una frase: “Un gramo de oro no vale una vida”.
