La jueza federal Mariel Borruto dio el primer paso en la demanda impulsada por excombatientes y abogados ambientalistas contra las petroleras Rockhopper y Navitas. La acción busca frenar el proyecto de explotación de hidrocarburos al norte de las Islas Malvinas.
La Justicia Federal de Río Grande se declaró competente para intervenir en la demanda que busca frenar el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum Development en aguas próximas a las Islas Malvinas.
Según consigna el medio Página 12, la decisión fue adoptada por la jueza federal Mariel Borruto, quien siguió el criterio del Ministerio Público Fiscal y reconoció la competencia federal tanto por la materia como por el territorio. También afirmó la jurisdicción internacional de los tribunales argentinos para intervenir frente a empresas domiciliadas en el extranjero.
Se trata de un primer paso dentro de una causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA). Las organizaciones presentaron una acción preventiva de daño ambiental colectivo contra ambas compañías por el desarrollo de Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.
La presentación solicita que las empresas se abstengan de iniciar o continuar obras, perforaciones y otras actividades relacionadas con el proyecto. Entre sus argumentos sostiene que el emprendimiento se desarrolla sin una evaluación de impacto ambiental bajo la legislación argentina ni autorización de las autoridades nacionales.
Un proyecto que vuelve a quedar bajo la lupa
Sea Lion se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y está encabezado por Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, mientras que Rockhopper mantiene el 35% restante. Las compañías proyectan comenzar la producción de petróleo en 2028.
La demanda incorpora además la cuestión de la soberanía. Sus impulsores sostienen que el desarrollo del yacimiento implica una modificación unilateral en un área cuya soberanía permanece en disputa y mencionan expresamente la Resolución 31/49 de Naciones Unidas.
La resolución de Borruto no significa todavía que la Justicia haya ordenado frenar Sea Lion ni que haya resuelto el fondo de la demanda. Lo que establece, en esta primera instancia, es que el Juzgado Federal de Río Grande tiene competencia para intervenir y que la Justicia argentina puede ejercer jurisdicción frente a las compañías demandadas.
El movimiento judicial se produce además en medio de una escalada de acciones argentinas contra la explotación de hidrocarburos en Malvinas. Esta semana, el Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra Navitas y otras compañías vinculadas con actividades petroleras en las islas sin autorización argentina.
