El Gobierno nacional amplió los procedimientos por actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en la plataforma continental. Se sumaron otros 15 sujetos a los 45 alcanzados la semana pasada.
El Gobierno nacional amplió las acciones contra personas y empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en torno a las Islas Malvinas sin autorización argentina. Este martes informó el inicio de procedimientos sancionatorios contra otros 15 sujetos, con lo que ya son 60 los alcanzados.
La medida comprende tanto a personas humanas como jurídicas que habrían violado las prohibiciones establecidas por la Ley 26.659, que impide desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales.
Los nuevos procedimientos se suman a los iniciados el pasado 4 de septiembre contra otros 45 sujetos. En aquel anuncio, el Gobierno había precisado que las actuaciones no se limitarían a las compañías involucradas directamente en la actividad, sino que también podrían alcanzar a sus accionistas y a empresas que les presten servicios.
La decisión forma parte de una serie de medidas adoptadas en los últimos días ante el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas.
La ofensiva también llegó a la Justicia
El lunes, además, Cancillería presentó una denuncia penal contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Las actuaciones también comprenden a directivos, representantes y otras personas que pudieran haber intervenido en las actividades investigadas.
Desde el Ejecutivo señalaron que la ampliación de los procedimientos responde a la identificación de nuevos actores involucrados y anticiparon que continuarán los sumarios para determinar responsabilidades.
La legislación argentina contempla sanciones para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas en estas áreas sin autorización. Entre ellas se encuentra la posibilidad de disponer inhabilitaciones de entre cinco y veinte años para personas o empresas que incumplan las prohibiciones establecidas por la Ley 26.659.
En pocos días, el conflicto por la explotación petrolera alrededor de Malvinas sumó así nuevas instancias administrativas y judiciales. Mientras el proyecto Sea Lion se prepara para iniciar su etapa productiva, Argentina busca aumentar la presión sobre las compañías, inversores y prestadores de servicios que participen de actividades hidrocarburíferas sin autorización nacional.
