El presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, defendió el proyecto turístico y recordó que comenzó a tramitarse en 2023, durante el gobierno de Alicia Kirchner. También señaló que la iniciativa respeta el Plan de Manejo aprobado ese mismo año, pese a los cuestionamientos que hoy plantea la oposición.
La discusión por un proyecto turístico en Península de Magallanes volvió a poner en el centro del debate la posibilidad de desarrollar inversiones privadas dentro de un área protegida de Santa Cruz. La iniciativa, vinculada con un decreto provincial que sectores de la oposición buscan dejar sin efecto, abrió interrogantes sobre las condiciones ambientales que deben cumplir este tipo de emprendimientos.
Pero hay un antecedente que el presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, considera necesario recuperar. El proyecto comenzó a tramitarse en 2023, durante la gestión de Alicia Kirchner, el mismo año en que se aprobó el Plan de Manejo que establece las condiciones de uso y conservación de Península de Magallanes.
“Esto se viene trabajando hace mucho tiempo, no es que nació ahora recientemente. Desde el año 2023 se empezó a trabajar este proyecto. Nosotros como Estado lo que hicimos fue darle continuidad a algo que se había empezado”, explicó.
Península de Magallanes es un área protegida que también comprende tierras de propiedad privada. Esto significa que sus propietarios pueden presentar iniciativas de desarrollo, pero deben respetar las restricciones ambientales y territoriales que establece la normativa. En este caso, la propuesta corresponde a la fracción G y, según Garay, atravesó un proceso de revisión antes de continuar con su evaluación.
Un proyecto que debió adaptarse al Plan de Manejo
El titular del CAP reconoció que la propuesta original no cumplía completamente con las condiciones establecidas para el área protegida. Por eso, el organismo solicitó modificaciones a los inversores.
“Cuando se presenta el proyecto, la verdad que no se ataba totalmente al Plan de Manejo de Península de Magallanes. Entonces nosotros lo devolvimos y les dijimos que debían trabajar en base a esas condiciones. Así lo hicieron, se apegaron al Plan de Manejo y modificaron el proyecto”, sostuvo.
Garay aseguró que el procedimiento incluyó un estudio de impacto ambiental y que el Consejo Agrario verificó el cumplimiento de las exigencias correspondientes. También explicó que, de acuerdo con la propuesta que evaluó el organismo, el emprendimiento no contempla acceso al lago ni se encuentra próximo al glaciar Perito Moreno.
“Lo que se quiere hacer en la fracción G de Península de Magallanes está apegado al Plan de Manejo, respeta toda la normativa, no tiene un impacto visual, no va a afectar el paisaje que hoy tiene”, afirmó.
Estas son las conclusiones que sostiene el organismo provincial. La información difundida hasta ahora no incluye una descripción detallada de las obras proyectadas, su superficie ni las medidas ambientales previstas, aspectos necesarios para conocer con mayor precisión el alcance del emprendimiento. El funcionario también recordó que el Plan de Manejo recibió su aprobación en 2023, después de un proceso que contempló la participación de autoridades locales, universidades, organizaciones no gubernamentales y una audiencia pública.
Ese antecedente es uno de los puntos sobre los que construye su respuesta a los cuestionamientos políticos. Garay señaló que el diputado Carlos Alegría, uno de los legisladores que impulsa la derogación del decreto provincial, era concejal de El Calafate cuando se desarrolló aquel proceso.
“Que hoy desconozcan ese Plan de Manejo y se muestren disconformes cuando ellos mismos fueron parte del armado del mismo, me hace ruido”, manifestó.
La observación introduce una discusión política sobre las decisiones de la gestión anterior, aunque la aprobación de un Plan de Manejo no implica, por sí sola, la autorización de cualquier emprendimiento. Cada propuesta debe demostrar que cumple con las condiciones particulares que establece esa normativa.
Un expediente en Diputados y una controversia judicial
La discusión llegó a la Legislatura santacruceña, donde Alegría y otros diputados presentaron una iniciativa para dejar sin efecto el decreto relacionado con el proyecto turístico.
Frente a esos cuestionamientos, el Consejo Agrario Provincial remitió una copia certificada del expediente completo a la Cámara de Diputados. Garay aseguró que el organismo está dispuesto a explicar las actuaciones técnicas y responder las dudas de los legisladores. “Estamos a la espera de que nos citen y estamos a disposición para dar las explicaciones técnicas, pero hasta ahora no nos han convocado”, señaló.
También distinguió entre las responsabilidades ambientales del CAP y los aspectos jurídicos del decreto, que corresponden a otras áreas del Estado. El funcionario comparó el caso con otros emprendimientos turísticos que recibieron autorización durante administraciones anteriores. Entre ellos mencionó Explora El Chaltén, el hotel de capitales chilenos que comenzó a recibir huéspedes en diciembre de 2021, durante el gobierno de Alicia Kirchner.
Recordó que aquel establecimiento abrió con 20 habitaciones y una inversión informada de aproximadamente 9 millones de dólares. “Hoy nos critican a nosotros cuando ellos fueron los primeros en generar los antecedentes”, cuestionó.
También mencionó el proyecto del Hotel Los Notros y aseguró que el CAP no autorizó una propuesta de construcción porque no respetaba las condiciones del Plan de Manejo. Para Garay, estos casos muestran que las inversiones privadas en áreas protegidas tienen antecedentes en Santa Cruz y que el criterio para evaluarlas debe ser el cumplimiento de las reglas ambientales.
La controversia por Península de Magallanes también llegó a la Justicia. Según informó el titular del CAP, el magistrado que intervino inicialmente se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia.
El funcionario consideró que los cuestionamientos podrían haberse abordado mediante consultas previas al organismo encargado de aplicar la normativa ambiental. “Antes de haber hecho esto nos tendrían que haber convocado a nosotros para ver qué dudas tenían. El expediente está y se respetó punto por punto todo lo que había que hacer”, sostuvo.
Entre la conservación y el desarrollo turístico
Mientras continúa la discusión, el Gobierno provincial defiende las inversiones turísticas como una oportunidad para generar empleo y fortalecer la economía de Santa Cruz. “Queremos cuidar nuestro patrimonio con inversiones que vengan y que sirvan para el desarrollo de nuestra provincia”, expresó Garay.
El debate deja planteada una cuestión que va más allá de este emprendimiento. El desafío es encontrar un equilibrio entre la protección de este paisaje patagónico y el desarrollo de actividades económicas en tierras privadas dentro del área protegida.
Por ahora, el Consejo Agrario sostiene que el proyecto respeta las condiciones ambientales vigentes. La oposición cuestiona el decreto y la controversia tiene también una instancia judicial.
En medio de esas posiciones, hay un dato que vuelve a cobrar importancia. Las reglas que hoy están en el centro de la discusión se aprobaron en 2023, durante la gestión anterior. El desafío será determinar cómo se aplican a este proyecto concreto y qué garantías existen para preservar el patrimonio natural de Península de Magallanes.
