La Secretaría de Ambiente de Santa Cruz detectó deficiencias en el predio ubicado camino a Punta Loyola y reclama documentación que el Municipio todavía no presentó. Los productores vecinos denuncian que los residuos llegan a sus campos y afectan la actividad ganadera. Mientras tanto, el antiguo vaciadero de la ciudad continúa en uso.
El relleno sanitario de Río Gallegos debía ser parte de la solución a un problema que la ciudad arrastra desde hace años. Sin embargo, su funcionamiento está ahora bajo la mirada de la Secretaría de Estado de Ambiente de Santa Cruz, que detectó incumplimientos en las condiciones de operación y confirmó que el establecimiento tiene vencida su Declaración de Impacto Ambiental desde 2025.
La situación no se limita a una documentación pendiente. Durante las últimas inspecciones, el organismo provincial detectó deficiencias en el manejo de los residuos y solicitó información técnica que el Municipio y la empresa operadora todavía no entregaron en su totalidad.
A esto se suma la preocupación de los productores rurales de Punta Loyola, que denuncian la presencia de plásticos y otros residuos en los campos cercanos al predio.
El problema adquiere otra dimensión porque el nuevo relleno sanitario debía reemplazar al antiguo vaciadero de la calle José Ingenieros, pero ambos continúan funcionando. Pero, según informó Ambiente, ambos espacios continúan utilizándose.
Qué encontraron las inspecciones
El secretario de Estado de Ambiente, Diego Procopio, explicó que el proyecto original del relleno sanitario contó con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado. Sin embargo, para verificar que las instalaciones y su funcionamiento se ajusten a las condiciones establecidas, el Municipio debe presentar una Auditoría Ambiental de Cumplimiento.
Ese documento es necesario para avanzar en la renovación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), vencida desde 2025.
La Secretaría realizó cuatro inspecciones entre diciembre de 2025 y octubre de 2026. En ellas detectó problemas relacionados con la maquinaria disponible para tratar y disponer los residuos, una dotación reducida de personal, la ausencia de una balanza para controlar los ingresos y deficiencias en el sector destinado a residuos peligrosos.
También quedaron pendientes respuestas sobre uno de los aspectos más sensibles del funcionamiento de un relleno sanitario: la impermeabilización de las celdas donde se deposita la basura.
Estas celdas deben contar con una geomembrana que impida que los líquidos generados por la descomposición de los residuos, conocidos como lixiviados, se filtren hacia el suelo.
Ambiente señaló que existen dudas sobre su correcta colocación y que, sin la documentación técnica requerida, no es posible verificar si el sistema cumple con las condiciones necesarias.
La Secretaría de Estado de Ambiente solicitó documentación tanto a la Municipalidad de Río Gallegos, que conduce Pablo Grasso, como a la empresa Nueva Santa Cruz, encargada de operar el relleno sanitario.
Incluyen información sobre la capacidad de las celdas, los sistemas de impermeabilización, el manejo de lixiviados y biogás, la maquinaria y el contrato de operación. Según el organismo provincial, ni el Municipio ni la empresa operadora entregaron todavía toda la documentación solicitada.
Cuando la basura llega a los campos
Para los establecimientos rurales próximos al relleno sanitario, la preocupación tiene una expresión visible: los residuos que aparecen fuera del predio.
Javier Álvarez Bento, administrador de la estancia Punta Loyola, denunció públicamente la dispersión de plásticos sobre los campos y advirtió sobre las consecuencias que pueden tener para la actividad ganadera.
Según explicó, esos materiales se fragmentan en partículas más pequeñas que pueden mezclarse con la vegetación que consumen los animales. Su preocupación alcanza tanto a los posibles efectos sobre la alimentación del ganado como a la pérdida de superficies aprovechables para la producción.
El planteo de los productores pone sobre la mesa una cuestión que va más allá de las instalaciones del relleno: qué ocurre cuando los residuos dejan de estar contenidos y comienzan a afectar a quienes viven y trabajan en los alrededores.
La situación también llegó a la Justicia. Los productores rurales presentaron una acción de amparo ante el Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N.º 2, donde está prevista una audiencia para este miércoles 4 de noviembre.
En paralelo, la Secretaría de Ambiente y Fiscalía de Estado impulsaron actuaciones judiciales relacionadas con la continuidad del antiguo vaciadero de la calle José Ingenieros, que debía dejar de funcionar con la puesta en marcha del nuevo sistema.
Se trata de procedimientos diferentes, aunque vinculados por un mismo problema: la gestión de los residuos de Río Gallegos.
Un relleno sanitario que todavía no resuelve el problema
La existencia de un relleno sanitario no garantiza por sí sola una disposición adecuada de la basura. Para eso, el Municipio y la empresa operadora deben garantizar controles, mantener las instalaciones en condiciones y aplicar procedimientos que impidan que los residuos se dispersen fuera del predio.
Por ahora, la Provincia mantiene abiertas las actuaciones de fiscalización y reclama al Municipio y a la empresa operadora que completen la documentación y subsanen las deficiencias detectadas.
Mientras tanto, el viejo vaciadero sigue en uso y los productores de Punta Loyola continúan advirtiendo sobre la basura que llega a sus campos. La solución que Río Gallegos esperaba para sus residuos todavía tiene problemas por resolver.
