La misma, según explicó el director general de la ONG “Vida Silvestre” Manuel Jaramillo a Tiempo FM, “está muy lejos de cumplir los estándares de participación ciudadana”.
El día 30 de abril la Cámara de Diputados sancionó la nueva Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos por lo que las distintas ONG’s abocadas al cuidado y preservación del medioambiente alertaron sobre los graves retrocesos que esto generará y el incumplimiento a la normativa nacional e internacional que conlleva su actualización.
En este marco el director general de la ONG “Vida Silvestre”, Manuel Jaramillo, dialogó con el programa de radio Planeta Tiempo de Tiempo FM 97.5 y explicó que existe en el país una Ley Nacional -que es la Ley de Presupuesto Mínimo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos- la cual establece que cada provincia que posea bosques con jurisdicción provincial -así como sus recursos naturales- debe realizar su ordenamiento territorial de bosques nativos cada cinco años: “La mayor parte de las provincias están demoradas con esto y lo que ha ocurrido la semana pasada es que la provincia de Chaco, una de las provincias con más alta tasa de forestación legal e ilegal, ha actualizado su ordenamiento de una manera que es regresiva y que está prohibido por la Ley de Bosques”, señaló.
“Ha pasado de áreas que son de categoría roja y amarilla a áreas de categoría verde donde se permite el desmonte. Este es un proceso que está muy lejos de cumplir los estándares de participación ciudadana que la propia Ley de Bosques exige y es por eso que muchas organizaciones hemos levantado la voz al respecto y estamos haciendo acciones de comunicación pero que serán judiciales o administrativas para revertir esta situación”, agregó.
El proceso de aprobación de la actualización de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos ha llamado mucho la atención: se ha realizado en deshoras de la noche, más específicamente por la madrugada, y de forma paralela con el tratamiento de la Ley de Bases. Dicha acción ha remontado a las ONG’s a lo ocurrido años atrás cuando se habilitó la megaminería por parte de la legislatura chubutense en donde se desarrolló una situación similar: “Son prácticas que atentan contra el valor de la democracia. Yo creo que en ese sentido tenemos que defender los valores democráticos y cuestionar estos comportamientos que atentan con algo tan importante de la democracia que es la participación”, apuntó Jaramillo.
El director general indicó que este tipo de acciones tienen como objetivo el “seguir habilitando áreas para el desmonte, lo cual no satisface las necesidades de las poblaciones actuales y menos de las futuras. Estamos tumbando monte para habilitar áreas de cultivo en lugares de producción marginal que pierden su capacidad productiva o dejan de ser competitivas ante los elevados costos o las condiciones climáticas y se abandonan”, puntualizó y continuó: “Privan a la sociedad de los múltiples servicios económicos, sociales, ambientales y culturales que brinda el bosque nativo en la región chaqueña”.
Ante esto, desde la ONG “Vida Silvestre” se encuentra organizando una actividad con el fin de poder presentar un pedido al gobernador de la provincia de Chaco, Leandro Zdero, para que vete esta Ley: “Es una Ley que no respeta la Ley de Bosques y que si es promulgada va a habilitar a un montón de reclamos que queremos evitar, porque eso va a llevar a un estancamiento mayor de la posibilidad de controlar, verificar y promover el desarrollo sustentable”, añadió.
“Vamos a trabajar sobre la autoridad nacional de aplicación para pedir que no se acredite el ordenamiento territorial como un ordenamiento que está dentro de la Ley de Bosques para evitar que este ordenamiento regresivo sea puesto en marcha”, finalizó Jaramillo señalando que su intención es que las autoridades provinciales propongan modelos de desarrollo sustentables en donde “lo económico vaya de la mano con lo ambiental y social”.
Fuente: TiempoSur
