El defensor público de Ushuaia Juan Carlos Assan comenzó a ser investigado penalmente por la propia Justicia bajo la sospecha de haberle cobrado por sus servicios a uno de sus asistidos en un juicio oral y público, y de haberlo hecho exigiéndole la compra de electrodomésticos para su uso personal.
La denuncia contra Assan fue presentada la semana pasada por el propio jefe de defensores y defensor ante el Superior Tribunal de Justicia, Gustavo Ariznabarreta, quien tomó conocimiento del presunto delito tras entrevistarse con la persona que dice haberle pagado al funcionario judicial con un “horno eléctrico y un lavarropas”.
La presentación de Ariznabarreta dio lugar a una causa penal que está cargo de la jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo, y en la que interviene el fiscal Mayor de Ushuaia, Guillermo Massimi, indicaron fuentes judiciales.
Barrionuevo ordenó al menos dos allanamientos vinculados con el caso el pasado viernes, uno en la vivienda de Assan en la calle Magallanes, y otro en un terreno del barrio Los Cauquenes, cuyo objetivo fue intentar dar con los electrodomésticos mencionados en la denuncia.
Assan se encuentra actualmente suspendido de su cargo sin el goce pleno de sus haberes (solo percibe el 50%) desde que la misma jueza Barrionuevo lo procesó en febrero de este año por “estafas reiteradas y estafa procesal en grado de tentativa en concurso real”, en una causa donde se investiga la operación de compra de un terreno, el mismo que fue allanado el vienes por esta nueva denuncia.
Un hueco en la pared“Los defensores públicos no cobran a sus clientes por su tarea en juicios penales, porque para eso cobran un sueldo del Estado, como ocurre con los jueces o fiscales. Si bien el tribunal regula honorarios a los defensores en caso de una condena, esos importes no son para los funcionarios judiciales, sino que se pagan como si fuera una tasa de Justicia y van a las arcas del Poder Judicial”, explicó a EDFM una fuente judicial.
En el caso de Assan, un condenado en una causa de corrupción (cuyo nombre se mantiene en reserva) reveló que el defensor le exigió honorarios por su tarea en el juicio, y le dijo que “mientras se calculaba el importe final de ese servicio” podía ir “adelantándole pagos” a través de la compra de distintos electrodomésticos.
El relato podía sonar inverosímil, hasta que el cliente de Assan sostuvo que podía demostrar sus dichos, exhibiendo la impresión de una serie de mails que había intercambiado con el defensor público. Los correos electrónicos, que ya obran en el expediente y que según las fuentes consultadas son “más de diez”, hacen referencias “explícitas” a la negociación.
En uno de los mensajes, Assan le reclama a su asistido por el atraso en la compra de un “horno eléctrico”, y le advierte que a raíz de ello sigue teniendo “un hueco en la pared de su casa”. En otro mail le advierte que “no me llegó el horno”, mientras que también consta un intercambio insólito de correos donde luego de entregado el mencionado electrodoméstico, Assan se queja de que no era el acordado, plantea el maltrato del que fue objeto por parte de los empleados del comercio proveedor y hasta afirma que siente vulnerado sus derechos como consumidor.
La causa también involucra, de manera indirecta, a la esposa del defensor, también empleada del Poder Judicial, que habría sido quien fue a retirar el horno al comercio de Ushuaia donde su cliente lo había pagado.
Assan está procesado por “estafas reiteradas” en la causa donde se investiga la operación de compra de un predio en el barrio Los Cauquenes. Ese caso analiza el contrato por el que se comprometió a pagar el terreno de 110 mil dólares en cuotas. Al parecer, el contrato lo obligaba a pagar en dólares y él resolvió por su cuenta hacerlo en pesos y a través de depósitos en una cuenta bancaria distinta a la que había sido acordada contractualmente.
Como la cuenta en pesos fue cerrada por su titular, el funcionario judicial continuó depositando las cuotas y el banco le devolvía el importe con su “ineludible conocimiento”, según constató la Justicia. Además, el defensor está acusado de acudir a una escribanía en octubre de 2013 y de intentar escriturar el terreno a su nombre, valiéndose de los comprobantes de las transferencias fallidas.
