La Administración Bertone envió un proyecto a la Cámara Legislativa en el que la exhorta a “reafirmar el dominio originario de la Provincia de Tierra del Fuego sobre sus recursos naturales de dominio público y privado; y que esos recursos naturales no podrán constituir, en ningún caso, garantía directa o indirecta de las operaciones de Crédito Público que concrete el Estado Nacional” reza la información oficial.
Esta iniciativa se desprende de la visita del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat quien manifestó “la necesidad de que las provincias sancionen leyes de protección de sus recursos naturales frente a la posibilidad de que éstos se constituyan en garantía de operaciones de crédito público que realice el Estado Nacional”.
En este sentido, el letrado advirtió que al momento de tomar deuda, el gobierno macrista “no sólo ha prorrogado la jurisdicción a favor de tribunales extranjeros sino que, además, ha establecido la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana en relación a los bienes de dominio privado del Estado detallados en el artículo 236 del Código Civil y Comercial, entre los que se cuentan las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles (hidrocarburos) y toda otra de interés similar, según lo normado por el Código de Minería; y los lagos no navegables que carecen de dueño; siendo todos ellos recursos naturales estratégicos que, además, pertenecen a los estados provinciales”.
Además, desde el Gobierno provincial se hace referencia a la creciente deuda argentina: “resulta público y notorio el proceso de creciente endeudamiento al que el Gobierno Nacional ha sometido al país en el transcurso de los últimos años, y el peso que el cumplimiento de las obligaciones contraídas significará para todos los argentinos”.
Por otro lado, desde el Ejecutivo recuerdan la reciente adjudicación a empresas petroleras británicas de áreas off-shore de la cuenca Malvinas, por lo que se interpreta que la entrega de recursos naturales, no es una mera hipótesis; “La reciente entrega de áreas hidrocarburíferas a empresas británicas es un antecedente que los fundamentos de ley toman en cuenta para advertir sobre el riesgo real en que se encuentran los recursos naturales frente a las políticas nacionales”.
Luz Scarpati
