Pasadas las 7 de la mañana, la Cámara baja aprobó con 128 a favor, 116 en contra y dos abstenciones la norma que modifica el cálculo de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.
Tras una sesión maratónica, que se desarrolló a la par de la violencia que reinaba en los alrededores del Congreso, la Cámara de Diputados aprobó los cambios a la norma que ya contaban con la media sanción del Senado.
La votación tuvo lugar minutos después de las 7 de la mañana, cuando el presidente del bloque oficialista Cambiemos, el radical Mario Negri, decidió no brindar su opinión y culminar el debate llamando a sus pares a pronunciarse a favor o en contra de la reforma.
De inmediato, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, convocó a votar y, tras dos abstenciones, 128 legisladores lo hicieron por la afirmativa, mientras que 116 se opusieron a la reforma previsional.
Finalizada la votación en general de la ley, luego de que se dispusiera un cuarto intermedio hasta las 17 para iniciar la votación en particular, hablaron distintos diputados, entre quienes se destacaron Agustín Rossi (Frente para la Victoria), Mirta Tundis (Frente Renovador) y Mario Negri (Cambiemos).
Rossi, quien en el debate brindó su discurso antes de la intervención final y breve de Mario Negri, sostuvo: “La ley es tan mala que el presidente del bloque oficialista no la defendió.”
Por su parte, Tundis señaló: “Por más que lo disfracen, cuando lo ponemos en números, ellos (por los legisladores oficialistas) no dan explicación. Que me digan dónde es que no pierden los jubilados, los pensionados y los que menos tienen.”
En tanto, Negri advirtió que “no nos hace bien condenar la violencia de un solo lado”, en referencia a lo sucedido en los alrededores del Congreso. “Acá ha habido 80 policías lastimados, incluso algunos en delicado estado de salud”, aseguró.
“Sacar al sistema previsional de la terapia intensiva requiere racionalidad” Mario Negri #ReformaPrevisional #TPANoticias
La nueva ley
Mientras el proyecto original del Gobierno apuntaba a que los haberes se actualicen en parte por el Índice de Precios al Consumidor y en parte por la variación del PBI, en el Senado se decidió que la actualización responda en un 70% a la inflación y en un 30% al coeficiente RIPTE, que sigue la evolución de los salarios de los trabajadores estatales.
El texto ahora también aprobado por Diputados ordena que las subas nominales en los haberes se apliquen “trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año calendario”, en lugar de hacerlo cada seis meses, como indica la ley actual.
Este último cambio perjudica en el corto plazo a jubilados y pensionados puesto que se pasará por alto el aumento semestral de julio-diciembre, que ronda un 12%, y se otorgará solamente la suba correspondiente a julio-septiembre, que arroja un 5,7%. Por lo tanto, se retrasará en hasta 6 meses el ajuste de los haberes. Ese retraso y el cambio en la fórmula implica un beneficio para el Estado, que ahorraría cerca de 100.000 millones pesos en 2018.
No obstante, distintos abogados constitucionalistas sostienen que el cambio es “inconstitucional” puesto que no cumple la norma vigente para lo que queda del año y advierten que la aplicación de la ley promovida por el Gobierno sin contemplar la actual generará una ola de juicios contra el Estado.
Desde el oficialismo se reconoce este perjuicio inicial para jubilados y pensionados pero se afirma, al mismo tiempo, que en el mediano y largo plazo la fórmula de cálculo de los haberes los beneficiará.
Por otra parte, la reforma previsional habla de una jubilación equivalente al 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil solo “para aquellas personas que hubieran cumplido los 30 años de servicio con aportes efectivos”. Esta salvedad deja afuera de la regla del 82% a todos los jubilados que alcanzaron el beneficio luego de pagar moratorias.
Finalmente, al modificar el artículo 252 de la ley 20.744 que daba a los empleadores la facultad de intimar a sus empleados con 30 años de aportes a jubilarse a los 65 años, la reforma previsional establece la opción de que los trabajadores continúen en sus tareas hasta los 70 años, si así lo desean. Los estatales no podrán hacer uso de esta opción.
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