En una reunión llevada adelante en Casa de Gobierno, se concretó este jueves una mesa de trabajo con representantes de los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin; a fin de analizar la situación actual del impuesto inmobiliario y su base imponible.
Cabe destacar que la misma fue convocada por el Ejecutivo provincial, por el que participaron el ministro de Economía, Federico Zapata García y el director Ejecutivo de la AREF, Oscar Bahamonde. Además estuvieron presentes por parte del municipio de Río Grande, el secretario de Finanzas Públicas, Diego López; mientras que por el municipio de Tolhuin lo hicieron la Secretaria de Economía y Hacienda, Luciana Rivero; la Subsecretaria de Contaduría, Xoana Torres; el Secretario de Legal y Técnica, Alexis Solís; la Coordinadora de Asuntos Institucionales, Gimena Contreras; el Director de Rentas, Bruno Maggiolo y la Directora de la Unidad de Falta, Anazul Carol. Por parte de la municipalidad de Ushuaia estuvieron la Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Gabriela Muñiz Siccardi; el Subsecretario de Obras Públicas, Pablo Castro; la Subsecretaria de Gestión Administrativa, Ana Laura Vera; la Subdirectora de Rentas, Rosana Acosta y el Director de Rentas, Héctor Szelada.
Luego del encuentro, el ministro de Economía sostuvo que durante las conversaciones “se avanzó para cuantificar el recurso y la consecuencia que podría generar en las administraciones” la definición del máximo órgano judicial respecto del cobro de este impuesto.
Cabe recordar que la CSJN rechazó el recurso de queja presentado años atrás por los municipios fueguinos contra la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la provincia que reconoció validez a la pretensión del Estado Provincial de retomar la atribución para la determinación y percepción del impuesto inmobiliario, tanto urbano como rural, con los alcances previstos en la ley 1075.
En tal sentido, sostuvo que tal cual lo expresó el gobernador Gustavo Melella, “el desafío es conseguir un acuerdo político que permita que ninguno pierda el recurso, tratando de buscar un beneficio conjunto sin perjuicio de las partes”.
Sin embargo, Zapata García afirmó que “lo cierto es que la provincia no puede renunciar ni desconocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre esto, y defender los intereses de las arcas provinciales es una obligación que tenemos como funcionarios provinciales”.
“Estamos en una instancia donde hay mucho que pensar, en forma articulada y coordinada y no hay ninguna determinación específica, más que lo que el fallo definió y que tiene que ver con a quien le corresponde”, dijo el funcionario. Sin embargo, reconoció que “todos necesitamos recursos para cumplir con nuestras obligaciones”, con lo cual “el esfuerzo y compromiso ahora es de la política, en pos de buscar que ninguno de los actores se vea perjudicado y se genere un beneficio para todos”.
