Sur54.com – El Dr. Raúl Paderne, patrocinante de la empresa Sartini Gas en el reclamo que realiza YPF por el pago de impuestos, luego del decreto dictado en 2012 por la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, dio a conocer que, tras el análisis realizado, todos los decretos posteriores a 2010 que modifican la 19640 son nulos.
Por Radio Nacional Ushuaia, explicó que empezó a trabajar “sobre una situación específica de Sartini Gas, porque YPF le reclamaba el pago de impuestos”. Este reclamo surge a partir del decreto de 2012 de Cristina Fernández de Kirchner que dejó fuera de los beneficios a la actividad hidrocarburífera.
“Cuando empiezo a hacer el análisis para defender a Sartini, me encuentro con que el decreto dictado por la presidente estuvo hecho fuera de las facultades que le otorgaba la ley”, dijo.
Precisó que la ley 19640 originalmente contenía una delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, pero “con la reforma constitucional del ’94 todas las leyes que contenían facultades delegadas del Poder Legislativo al Ejecutivo fueron limitadas en el tiempo, por cinco años. A partir de la reforma constitucional quedan los decretos de necesidad y urgencia como facultad legislativa del Poder Ejecutivo y todas las demás facultades previas vencen en cinco años, salvo que una ley especial las prorrogue. O sea que hasta el ’99 funcionó la prórroga general y luego debía haber leyes del Poder Legislativo que fueran prorrogando esas facultades. Esto ocurrió en cinco oportunidades, hasta llegar al 2009, cuando se prorrogan por última vez las facultades delegadas de la 19640 por un año”.
Dichas facultades “vencieron el 27 de agosto de 2010”, por lo tanto “a partir de ahí todos los decretos del Poder Ejecutivo que legislan sobre la 19640 no tienen facultad, son formalmente nulos”, aseguró el letrado.
Dio a conocer que este tema “lo estuvimos hablando con la gobernadora, con el contador Capellano y llama a un profundo estudio que se está realizando desde el gobierno, también con sus abogados. Nosotros estamos colaborando y tratando de que esto vaya más allá de una simple presentación o una postura de parte”, dado que cualquier modificación a la 19640 debería surgir de una ley dictada por el Congreso y no por decreto del Ejecutivo.
Además, expuso que se analiza la validez de la prórroga hasta el 2023 dictada en 2007 por parte del ex presidente Néstor Kirchner. “Es otro problema que es materia de estudio. En 2007 supuestamente Kirchner estaba facultado todavía, pero a mi criterio se excedió en las propias facultades delegadas. Hay una combinación entre lo que ocurrió después de 2010 con esto de 2007. La gente de gobierno está trabajando en este aspecto y yo estoy convencido no sólo de que las facultades delegadas vencieron a partir del 2010, sino de que hubo un ejercicio ilegal de las facultades delegadas en 2007. Es un cuadro jurídico bastante complejo y muy árido, pero creo que con solución positiva para la provincia”, confió.
Paderne lleva adelante la causa de Sartini ante el juzgado federal y la resolución de este caso podría sentar un precedente importante para el resto. “El límite de la facultad delegada es no negar la propia norma, y esto es lo que hizo Néstor Kirchner respecto del 2023, además estamos hablando de una ultraactividad de un decreto, cuando ya no hay facultades para dictarlo. Bajo ningún punto de vista la facultad del Ejecutivo podría excederse hasta abolir la norma”, aseveró.
“Nosotros hicimos la presentación ante el juzgado federal por el IVA al gas, ya han contestado demanda tanto YPF como el Poder Ejecutivo nacional a través de la AFIP, que han rechazado con fundamentos que ni hablan de la capacidad legislativa. Es una contestación casi formal del punto de vista jurídico, no sé si para buscar una negociación, porque no tiene ningún sentido”, manifestó.
“Ojalá pueda ser aprovechado por la provincia. La apertura de la gobernadora a partir de que la llamé por teléfono fue inmediata y estamos en una colaboración franca con el gobierno provincial en esto”, sostuvo.
De hecho, en las declaraciones realizadas a la prensa por la gobernadora Rosana Bertone ayer, tras el acto por el aniversario de Río Grande, hizo mención de este análisis de Paderne: “El Dr. Raúl Paderne habla de una nulidad del decreto por el cual se extendió el régimen industrial, por lo que no tendría vencimiento en 2023. Quien tiene potestad para invocar esto no es el gobierno provincial sino las empresas, que son las titulares del proceso productivo. Según entiende el Dr. Paderne, no había facultades delegadas para dictar ese decreto y por eso habría una continuidad en la asimilación con las normas del Mercosur, con el código aduanero del Mercosur que ha suscripto la Argentina. Son discusiones que nos dan fundamentos técnicos para defender nuestra postura”, dijo la mandataria.
El abogado apuntó que “el gobierno está trabajando sobre el decreto de 2007 de Kirchner, todavía no hay una presentación formal pero creo que la va a haber. Obviamente dependerá de los asesores del gobierno provincial, pero estamos en contacto con ellos y creo que va a ser así. Para terminar con la 19640 debe ser el Congreso de la Nación el que lo decida y creo que es una buena noticia, porque nosotros tenemos penal cobrado en 2023. Creo que nuestro régimen es absolutamente defendible, no va a ser una empresa fácil, pero tenemos algo por hacer en lugar de esperar una guillotina en 2023”, concluyó.
