Tras los hechos de violencia que se vivieron el último sábado en las instalaciones de la Asociación “La Mateada, ubicada en la Margen Sur de Río Grande, personal de la Inspección General de Justicia (IGJ) se acercó este lunes a recorrer las instalaciones del lugar para recolectar documentación y dialogar con las autoridades.
Al respecto, la inspectora de la IGJ Gabriela Masset, comentó que “nos acercamos a la Asociación ‘La Mateada’, en relación a los hechos que ocurrieron el sábado que son de público conocimiento y con motivo de nuestra relación de fiscalización de todas las entidades sin fines de lucro, vinimos a efectuar la inspección”. Además, señaló que “requerimos una serie de documentación y dialogamos con personas encargadas de dicha asociación. Entre ellas un pariente de Javier Calisaya, funcionario de la Municipalidad de Río Grande”.
También durante la mañana, el ministro de Gobierno, José Luis Álvarez se refirió a los hechos ocurridos el fin de semana: “nos preocupa la situación de violencia en un espacio público” explicando que “el Gobierno provincial dio en comodato el lugar y nadie se quiere hacer responsable de la situación. Aquí había que verificar y controlar que estos espacios se utilicen para lo que son, un espacio cultural”. En tal sentido, aclaró que “el objeto social del convenio era para contener a los niños del barrio, no para que lo alquilen para fiestas privadas. Nuestra intención es rescindirlo viendo que las autoridades de la Asociación no pueden garantizar que se use pacíficamente, ya que nuestra idea como gobierno es pacificar y que los vecinos puedan encontrar un lugar para disfrutar, un espacio cultural y no que lo alquilen para fiestas privadas y se sucedan este tipo de hechos violentos”.
Álvarez advirtió también que “los responsables deberán pagar los daños al inmueble” y que la directora de la Inspección General de Justicia María Eugenia Chiarvetto “se contactará con las autoridades de la Asociación para ver cómo sigue la situación de la personería de la asociación”.
