Presentó ayer un recurso para rechazar un fallo de Cámara que cuestionaba el decreto 70/2017 que permite expulsar o impedir el ingreso de extranjeros que cometen algún delito o tienen causas penales El Gobierno ratificó su decisión de sostener el decreto que modificó la política migratoria para poder expulsar a extranjeros que cometan delitos en la Argentina al presentar ante la Corte Suprema un recurso de amparo en contra de un fallo de Cámara y calificó, así, de “constitucional” la medida adoptada por el presidente Mauricio Macri en el 2017.
Por medio de un escrito que presentó ayer el Ministerio del Interior junto con el Ministerio de Justicia y la Procuración Nacional el gobierno nacional cuestionó ante la Corte la sentencia dictada por la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que había objetado el decreto 70/2017. Entre los fundamentos del escrito al que tuvo acceso Infobae Cambiemos destacó que la intervención de la Justicia en la política migratoria del Poder Ejecutivo es “además de inoportuna, ilegítima y contraria al principio de división de poderes”.
Así, el escrito avalado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el dierctor de Migraciones, Horacio García, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, aclara que la medida de la Sala V de la Cámara (a raíz de un amparo presentado por el CELS) en contra del decreto 70/2017 “implica una traba al justo desempeño de los otros poderes del Estado”. Y detalló que ese decreto en el que se contempló la expulsión de extranjeros que cometan delitos en la Argentina o el impedimento de ingreso a aquellos extranjeros que tengan causas penales se dictó “para garantizar la seguridad nacional y de la población”.
La Corte Suprema decidirá sobre la política migratoria del Gobierno (DyN) La Corte Suprema decidirá sobre la política migratoria del Gobierno (DyN) En los fundamentos del recurso de amparo rechazando la medida dispuesta por la Cámara Federal, el Gobierno sostuvo que hay una “arbitrariedad manifiesta de la sentencia” de los estándares constitucionales y de los derechos humanos.
Es decir, que el recurso objetó el fallo que cuestiona las valoraciones que se efectúan en el decreto en cuanto a la “necesidad y urgencia”. Sucede que el Congreso, a través de la Comisión Bicameral Permanente de los DNU, no emitió aun opinión alguna al respecto.
