Luego de conocido el fallo de la jueza Barrionuevo que exime de responsabilidad a la Secretaría de Seguridad por las compras secretas, el legislador Pablo Villegas (MPF) afirmó: “Estoy medio ciego y no es porque quiera, sino porque no me dejan ver las actuaciones para tener una opinión formada y cumplir con mi rol constitucional de legislador del control de gestión”.
En contacto con Radio Provincia, el parlamentario expuso que “en caso de que exista una irregularidad o una adulteración de un instrumento público, como es un expediente, lo pondré en conocimiento de las autoridades judiciales porque estamos ante la posible comisión de un delito”.
“Nada de eso hemos podido hacer porque al día de la fecha nos han denegado sistemáticamente la entrega de estos expedientes y de esta información pública, como sucede también con la Dirección Provincial de Energía por la compra de la planta Sullair y con el Ministerio de Obras Públicas”, se quejó.
Villegas aseguró que “tiene la copia del informe de los auditores” del organismo de control, en la que se evidenciarían “serias irregularidades”.
El legislador apuntó particularmente al Tribunal de Cuentas, ya que a raíz de ese informe la jueza Barrionuevo habría dictado su resulución, y sostuvo que “hay que leer los fundamentos del fallo y todavía no los tengo, tampoco tengo los expedientes y no puedo dar por cierto todo esto. Por eso presentamos nota al Tribunal de Cuentas, en función de las noticias periodísticas que hablan de que la jueza Barrionuevo habría basado su fallo en el informe del Tribunal de Cuentas, donde se habrían justificado irregularidades en el sistema de contratación”.
“Para la jueza no constituye delito, cuando nosotros tenemos informes que indican todo lo contrario. En el medio ha pasado algo. Qué pasó, uno no lo sabe, pero por información extraoficial, nos dicen que han cambiado algunas fojas del expediente, lo que podría configurar un delito de adulteración de documento público. Hasta ahora son trascendidos y lo lamentable en términos institucionales es que hablemos de trascendidos y que un legislador de la provincia no pueda acceder a la información pública correspondiente para poder poner blanco sobre negro”, advirtió.
Villegas también se manifestó sobre la falta de acceso a información pública: “Yo lo tomo como una situación de gravedad institucional y no es algo aislado sino recurrente”.
“No es solamente en un área, sino que en todas las áreas de gobierno se nos niega sistemáticamente el acceso a la información pública”, dijo.
En ese sentido el legislador mencionó, a modo de ejemplo la compra de las turbinas de la planta Sullair: “Van a hacer una compra de 12 millones de dólares en cuatro turbinas usadas que no sabemos cómo están y nosotros tenemos la información cierta de que, a posteriori de la sanción de la ley, la DPE no tenía el informe económico-financiero que ameritaba ese precio de 12 millones de dólares”.
“Es otro tema más para ver cómo está actuando el Tribunal de Cuentas”, insistió.
Sobre la misma línea, el legislador del Movimiento Popular Fueguino, añadió que “lo hemos requerido por nota, para ver qué es lo que se va a hacer, porque son 350 millones de pesos de recursos públicos que se habilitaron para una contratación directa”.
“No es un solo expediente administrativo, sino que es una modalidad de gestión. Hay una obstaculización constante a la labor de control que podamos hacer y tenemos el deber de hacerlo, principalmente los legisladores de la oposición”, remarcó para finalizar.
María Fernanda Rossi
