El país analiza nuevos esquemas para administrar dos recursos de alto valor comercial. En el caso del langostino, Santa Cruz ya fijó posición y reclama una cuota social de 50.000 toneladas. La discusión definirá quiénes podrán pescar, cuánto y bajo qué criterios.

Hablar de “cuotificar” la pesca puede sonar lejano para cualquiera que no esté vinculado con la actividad. Pero detrás de esa palabra se discute algo bastante más sencillo de entender, y es cómo se reparte el derecho a pescar un recurso que no es infinito.

Esa discusión empieza a tomar fuerza alrededor de dos especies importantes para Santa Cruz.

El secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko, anticipó que a nivel nacional “se va a cuotificar posiblemente en breve la centolla” y señaló que también se trabaja “fuertemente” sobre un futuro régimen para el langostino en aguas nacionales.

En este último caso, el debate ya lleva varios meses dentro del Consejo Federal Pesquero y Santa Cruz llegó a la mesa con el pedido concreto de una cuota social de 50.000 toneladas de langostino administrada por la provincia.


¿Qué significa cuotificar y por qué se busca cambiar el sistema?

Hasta ahora, la pesca del langostino en aguas nacionales funciona bajo un esquema conocido como “pesca olímpica”. Cuando el Consejo Federal Pesquero habilita un área, los buques autorizados pueden ingresar y capturar mientras permanezca abierta y se cumplan las condiciones establecidas para cuidar el recurso.

El problema es que ese sistema genera una carrera. Porque una vez abierta la pesca, cada embarcación busca capturar lo máximo posible antes de que el área vuelva a cerrarse.

Eso puede concentrar una gran cantidad de barcos y esfuerzo pesquero en períodos relativamente cortos y hace más difícil planificar cuánto pescará cada empresa, cuándo descargará y qué cantidad de materia prima llegará a las plantas en tierra.

La cuotificación propone otra lógica.

En lugar de que todos compitan por el mismo recurso mientras la pesca está abierta, se establece previamente cuánto puede capturar cada empresa, buque o actor habilitado, siempre dentro de los límites fijados para preservar la especie.

Así, quien tiene una cuota sabe de antemano con qué volumen puede trabajar. Eso puede permitir organizar mejor las mareas, las descargas, el procesamiento y el empleo asociado a la actividad.

También busca reducir aquella carrera por pescar primero. Y es que, tener asignada una cantidad determinada hace que capturar más rápido que los demás deje de ser la única forma de asegurarse una parte del recurso.

Pero cuotificar abre inmediatamente otra discusión: quién recibe esas cuotas y con qué criterio se reparten.

Pueden pesar los antecedentes de captura de las empresas, pero también otros factores como el empleo generado, las inversiones, el procesamiento en tierra o las descargas realizadas en determinados puertos.

Y es justamente ahí donde Santa Cruz quiere intervenir. La provincia sostiene que, si cambia la manera de repartir el langostino, el nuevo sistema también debe reconocer su aporte a la conservación del recurso y la actividad que puede generar en sus puertos.

Las 50.000 toneladas que reclama Santa Cruz

Santa Cruz comunicó formalmente su posición en el Consejo Federal Pesquero. La provincia acompaña la posibilidad de establecer un régimen de cuotas, pero reclama que el futuro reparto no contemple únicamente cuánto pescó cada empresa en el pasado. Pide incorporar otros factores, entre ellos la genearavión de empleo, las inversiones, el procesamiento en tierra y las descargas realizadas en puertos provinciales. También solicitó conocer las bases de datos, los períodos históricos y las fórmulas que eventualmente se utilizarán para calcular las asignaciones.

Dentro de ese planteo aparece el reclamo más fuerte: una cuota social de 50.000 toneladas para Santa Cruz.


La provincia sostiene que ese volumen debería reconocer su aporte a la conservación del langostino, particularmente por haber mantenido cerrado durante ocho años el Golfo San Jorge para la captura de la especie. El argumento es que esa restricción tuvo un costo para la actividad pesquera santacruceña, mientras que la protección de una zona vinculada con el ciclo del langostino terminó beneficiando al recurso que posteriormente se captura en aguas nacionales.

“Durante ocho años sostuvimos el cierre del Golfo San Jorge, protegiendo el principal caladero reproductivo del langostino argentino, y ese esfuerzo benefició a toda la pesquería nacional”, sostuvo Klimenko al explicar el planteo provincial.

Santa Cruz pretende que esas 50.000 toneladas queden bajo administración provincial y puedan utilizarse para promover descargas en sus puertos, procesamiento, actividad industrial y empleo.

Por ahora, nada de esto está definido. La cuotificación del langostino continúa en discusión dentro del Consejo Federal Pesquero y las 50.000 toneladas forman parte del planteo que llevó Santa Cruz a esa mesa, no de una asignación ya concedida. Todavía resta resolver si finalmente se implementará el nuevo régimen y, en ese caso, cuáles serán los criterios para distribuir las cuotas.


La centolla podría ser la próxima en cuotificarse

La situación de la centolla es diferente. Su pesca ya funciona con áreas de manejo, temporadas, autorizaciones y límites de captura establecidos a partir de evaluaciones sobre el estado del recurso. Ahora, Klimenko anticipó que a nivel nacional su cuotificación podría producirse “posiblemente en breve”.

La provincia sí tiene participación directa en la pesquería. Como antecedente, en la temporada 2023/2024 recibió un cupo de 340 toneladas de centolla, que se distribuyó entre el Golfo San Jorge y la zona sur y fue capturado en su totalidad.

Por eso, lo que ocurra con un eventual nuevo régimen también será relevante para los puertos y las empresas que operan desde Santa Cruz.

En el caso del langostino, en cambio, la discusión ya tiene números sobre la mesa.

Santa Cruz pretende que, cuando llegue el momento de repartir el acceso a uno de los recursos pesqueros más importantes del país, también se contabilice lo que la provincia resignó para conservarlo y lo que puede generar si una parte de esas capturas vuelve a sus puertos.

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