Sin Azul No Hay Verde cuestiona la derogación de la Ley de Tierras y reclama acceso público a los datos sobre permisos, cuotas y embarcaciones pesqueras, mientras el Gobierno promueve exportaciones en Europa. “Porque hablar de soberanía sin información es solamente una consigna”, sostuvo su coordinador, Juan Coustet.
Sin Azul No Hay Verde pidió al Consejo Federal Pesquero un registro público de embarcaciones y advirtió sobre la falta de tratamiento de iniciativas legislativas destinadas a transparentar la actividad. La organización plantea que conocer quiénes explotan los recursos naturales y bajo qué controles resulta fundamental para ejercer el control ciudadano.
El reclamo vincula la administración del Mar Argentino con los cambios en las condiciones para la adquisición de tierras rurales por extranjeros. Según la organización, ambos asuntos requieren información accesible, participación ciudadana y un debate público sobre el manejo del patrimonio natural.
Los cuestionamientos sobre las tierras rurales
La derogación de la Ley de Tierras Rurales fue dispuesta mediante el artículo 154 del DNU 70/2023. A fines de septiembre, la Corte Suprema revocó el fallo que había frenado esa disposición por considerar que la entidad demandante carecía de legitimación, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto. La decisión volvió a habilitar la derogación de los límites establecidos por esa ley para la propiedad extranjera de tierras rurales. Chequeado
Sin Azul No Hay Verde cuestiona las consecuencias de esa medida para territorios vinculados con el agua dulce, la biodiversidad y la producción, especialmente en zonas fronterizas y áreas de la Patagonia.
“Lo que está ocurriendo en la tierra y en el mar no son hechos aislados, sino que expresan una misma falla de gobernanza. Mientras una ley que establecía límites para proteger las tierras rurales fue derogada mediante un DNU, los proyectos destinados a transparentar la actividad pesquera continúan sin tratamiento en el Congreso”, afirmó Mariana Regueira, responsable de Políticas Públicas e Incidencia de la organización.
“Cuando las decisiones sobre bienes naturales estratégicos se toman sin debate público, sin información accesible y sin participación ciudadana, el problema es ambiental, económico, pero fundamentalmente es institucional. La soberanía se ejerce con reglas claras, transparencia y rendición de cuentas”, agregó.
Exportaciones y acceso a la información pesquera
El planteo coincide con una misión comercial del sector pesquero en Francia. El 2 de octubre, representantes de 14 empresas argentinas exportadoras de langostinos y vieiras participaron en París de una ronda de negocios con importadores franceses, impulsada por PromArgentina y encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Argentina.gob.ar
La organización cuestiona que la promoción comercial y los mecanismos de trazabilidad exigidos para exportar no estén acompañados por información pública suficiente sobre la administración de los recursos.
Su reclamo distingue entre los requisitos comerciales para ingresar a mercados internacionales y la transparencia hacia la ciudadanía. Entre los datos que pide conocer figuran quiénes acceden a las licencias, qué controles se realizan sobre las operaciones y qué nivel de concentración existe en la explotación pesquera.
También reclama la adopción de estándares de la Iniciativa de Transparencia en la Pesca (FiTI), herramientas anticorrupción de las Naciones Unidas y directrices de la OCDE, para facilitar una gestión que pueda ser auditada públicamente.
Al respecto, Coustet sostuvo que “lamentablemente, en Argentina parece haberse vuelto una constante que un grupo reducido de personas decida sobre el destino de nuestro patrimonio natural”.
En la misma línea, remarcó: “la opacidad, el déficit en la fiscalización y la falta de información pública no son cuestiones menores: dificultan el control ciudadano y permiten que los beneficios queden concentrados en unos pocos, mientras los costos ambientales terminan siendo asumidos por los ecosistemas y por toda la sociedad”.
Un registro público y proyectos pendientes
Sin Azul No Hay Verde informó que presentó una solicitud formal ante el Consejo Federal Pesquero para contar con un registro público de embarcaciones. El pedido busca facilitar el acceso a información sobre licencias, cuotas y beneficiarios finales de la actividad.
En el Congreso, el diputado Maximiliano Ferraro presentó el proyecto 2585-D-2026, que propone modificar el artículo 41 del Régimen Federal de Pesca para publicar determinados datos del Registro de Pesca en un sitio oficial de internet de acceso público. La iniciativa fue girada a la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios. hcdn.gob.ar
La organización también señala que las iniciativas sobre trazabilidad pesquera llevan años sin aprobación y reclama que el Congreso avance en su tratamiento.
Para sus representantes, el acceso a estos datos permitiría evaluar cómo se distribuyen los permisos y las cuotas, identificar a quienes se benefician de la explotación y conocer los controles aplicados. El planteo incluye abrir una discusión sobre las consecuencias ambientales y económicas de las decisiones relativas al mar y las tierras rurales.
“Garantizar información pública clara, precisa y accesible es una obligación del Estado y un derecho de todos los argentinos”, afirmó Coustet.
“Tener información oficial y poder acceder a ella es el primer paso para que los argentinos podamos ejercer una soberanía real sobre nuestro mar, nuestros territorios y nuestro patrimonio natural y cultural”, concluyó.
