En el marco del proceso de transición de la gestión de gobierno, los 200 millones de dólares en bonos emitidos por Tierra del Fuego AIAS quedaron en el ojo de la tormenta, con cruces mediáticos y denuncias penales de por medio.
Esta operación se realizó en abril de 2017, en un contexto en el que la deuda dolarizada de la provincias se vio fuertemente incrementada y fue la emisión de bonos en el exterior el principal instrumento de financiación. Un dato, que no es menor, es que para que las jurisdicciones puedan concretar este tipo de maniobras deben contar con la autorización del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía y del Interior. En ese escenario, el Gobierno provincial realizó una operación de crédito público en el que colocó 200 millones de dólares en bonos a 10 años, con una tasa de interés anual de 8,75%. La operación fue autorizada por la Cámara Legislativa provincial y tuvo como objetivo llevar adelante un plan de obra pública de largo plazo.
La operatoria se realizó a través de la UBS (Unión de Bancos Suizos) en la bolsa de Nueva York. Este tipo de emisión de deuda se puede hacer en dos mercados financieros internacionales: el europeo y el estadounidense. La UBS opera como una especie de intermediaria en la que oferta los bonos de Tierra del Fuego AIAS y los inversionistas evalúan, precio, interés, capacidad de pago, y un sin fin de etcéteras y ¡voilá! 200 millones de dólares.
Los bonistas son representados por BNY Mellon (Bank of New York Mellon) que básicamente es un “holding” de servicios bancarios y financieros de todo el mundo con sede en la ciudad de Nueva York. Es esa financiera la que recibe los fondos de las regalías hidrocarburíferas, que se constituyeron como la garantía de pago de esa deuda.
Cuando la operatoria estuvo concretada, Tierra del fuego AIAS recibió en sus cuentas 189 millones de dólares. ¿No eran 200? Si, pero la provincia emitió bonos “bajo la par” para que la tasa de interés del crédito no fuera aún mayor. Esto quiere decir que el precio de emisión es inferior a valor nominal del bono. Básicamente, por esos títulos la Provincia recibió un valor inferior al nominal, a cambio de no pagar un interés más alto. Esto más gastos de la operación, la comisión para la UBS y el fondo de garantía que se constituye con el valor de una cuota de vencimiento de deuda y que se paga al final del plazo, 189 millones verdes y frescos listos para usar.
Pero pasaron cosas. En 2018 el portal El Disenso publicó una nota afirmando que Tierra del Fuego AIAS, tomaba deuda a una tasa del 8,75% para financiar al Gobierno Nacional comprándole LETES con un rendimiento del 3%. Algo que recordó recientemente Gustavo Melella -gobernador electo- en declaraciones radiales. Fue Leonardo Zara, secretario de inversiones de la Provincia, el encargado de desmentir en 2018 esas afirmaciones:
“La provincia emitió títulos por 200 millones de dólares para hacer obras de infraestructura, y esas obras tienen dos, tres, cuatro años de ejecución. Son obras grandes, como la ruta del Canal Beagle, el puerto de Ushuaia, el tendido de fibra óptica, el microestadio. El 66% de las obras con esos fondos está preadjudicado y, en la medida que se vayan pagando certificados de obra, se va a ir desembolsando el dinero a lo largo de toda la construcción de la obra”.
“Mientras tanto no se pueden tener esos 200 millones de dólares parados, sin producir ningún beneficio más que estar en un banco. Hay que usarlos responsablemente, dentro de las normas del Banco Central y los controles de la provincia. Por eso se buscan varios instrumentos financieros que permitan sacar una renta”.
Y lo mismo dijo en estos días a raíz de las declaraciones de Luis Raña, quien presentó una denuncia penal contra la gobernadora Rosana Bertone, el vicegobernador Juan Carlos Arcando y el Ministro de Economía José Labroca. Raña dice que la deuda no son 200 millones, sino 350, sin embargo después reconoció en declaraciones a Radio Provincia que sumó las autorizaciones de crédito público que realizó la Cámara Legislativa en dos ejercicios diferentes, aunque esas autorizaciones no significan que el Ejecutivo haya realizado esas operaciones.
Y otra vez fue Zara el que puso la caripela y salió a contestar, en declaraciones a FM La Isla, las acusaciones. Primero calificó la denuncia de “mamarracho”; después dijo que la colocación de bonos contó con la verificación de los diferentes órganos de control y, finalmente, aseguró que el gobierno entrante se dio cuenta que no puede cumplir con las promesas de campaña.
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Melella, por su parte, también adelantó que evalúan realizar un pedido de refinanciación de esos bonos. Ante esos dichos, hay quienes piden prudencia, ya que los bonistas son muy sensibles con las declaraciones públicas que deslicen la posibilidad de una incapacidad de pago.
Luz Scarpati
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